Caída en las pensiones rurales

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos de España, ante el debate monográfico sobre las pensiones en el Congreso y al que el coordinador estatal, Jose Manuel de las Heras, y el secretario de organización, Joan Caball (foto), asisten como invitados, advirtieron sobre “la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los pensionistas en el medio rural y cómo esto recae directamente sobre el desarrollo de muchos pueblos”.

La organización, además, destacó que:

  • La pensión media de un agricultor o ganadero es un 41.2% más baja que la de otros sectores, percibiendo € 709,85  frente a la media de € 1.208,40 del resto de profesiones, y, además, sin tener acceso a una serie de servicios públicos de los que sí se beneficiarían en las zonas urbanas.
  • La población más envejecida que habita las zonas rurales, representan el 85% del territorio, y cómo las pensiones representan un recurso que potencia la vida económica en los pueblos, el desarrollo de mercados de proximidad y la existencia de otros servicios sociales necesarios en el medio rural se ven afectados.
  • Los jubilados pensionistas del campo han perdido este año y los anteriores poder adquisitivo y que esta disminución, debido al aumento del IPC y a su no traslado al sistema de pensiones, se ha reflejado también en la economía de muchos pueblos y de muchas familias.
  • Las mujeres rurales se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad, dado que su trabajo, ayudando en las explotaciones, ha estado invisibilizado durante años, a lo que resultan unas muy bajas pensiones ordinarias y, por lo que respecta a la de viudedad, tampoco se corresponde con todo el esfuerzo realizado.

En cuanto a las propuestas, Unión de Uniones pidió “a las fuerzas políticas con representación parlamentaria que vuelvan a la negociación en el Pacto de Toledo y dejen de hacer demagogia con las pensiones y que busquen nuevas fuentes de financiación para garantizar la sostenibilidad del sistema” y, en consecuencia, propone “subir la base máxima de cotización al sueldo medio de los directivos de las empresas, trasladar a los PGE para que sea financiado el gasto corriente de la gestión ordinaria de la Seguridad Social, el menor ingreso de las tarifas plana y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social y, progresivamente, las prestaciones por supervivencia”.

Y, finalmente, piden que “se persigan las elevadas tasas de economía sumergida y de empleo irregular en España, para situar la eficacia de la recaudación de los impuestos y el gasto en protección social respecto, incluidas las pensiones, ambos respecto al PIB a la media de los países avanzados de la Unión Europea”.

2018-03-16T11:52:48+00:00

Leave A Comment