Santa Cruz recibió más de $ 720 M por el impuesto en las facturas de luz. Fueron girados desde 1989, cuando se creó el cargo específico para que la provincia gobernada por los Kirchner financiara las obras de conexión al sistema eléctrico nacional.
Hubo una causa judicial, pero la cerraron.
Según consigna Juan Cruz Sanz en Infobae, fueron 27 años de –al menos- contabilidad «opaca». No hubo ni siquiera intenciones de querer disimularlo. Así se constituyó y así se ejecutó. Desde 1989 hasta hoy, Santa Cruz recibió $ 727.289.610, producto del impuesto que pagaron todos los argentinos en su boleta de luz.
Hoy, un decreto de Mauricio Macri terminó con ese gravamen, sin embargo la sombra sobre el uso y destino de esos fondos sigue abierta.
En 2010, la Cámara de Diputados de la Nación intentó dar el primer paso para su derogación pero en ese entonces cualquier acción chocó contra la hegemonía kirchnerista.
El destino del dinero que recibió Santa Cruz era claro: debían ser invertidos en la realización de las obras necesarias para lograr su conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Los fondos aportados desde todos los rincones del país no se usaron para los fines estipulados por la ley creada por el ex presidente Raúl Alfonsín, sino que además nunca se rindió cuentas sobre el uso del dinero.
La ley 23.681 estableció un «recargo sobre el precio de venta de la electricidad de seis por mil de las tarifas vigentes, aplicadas a los consumidores finales». Santa Cruz no era la única provincia beneficiada. También estaba Misiones, que se conectó al SADI en 1996 y se despidió de los fondos de forma automática.
Como el texto de la ley es ambiguo, eso le permitió a la provincia patagónica el uso indiscriminado de lo recaudado por el 6 por mil.
El artículo 3 del texto de la ley nunca fue claro: «El producto total se destinará a la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz, con el objeto de realizar inversiones en los sectores eléctricos y reducir el nivel de las tarifas aplicadas a los usuarios de electricidad, a los efectos de que las tarifas tiendan a alcanzar los niveles promedios del resto del país».
No se habla de obras de interconectado, pero sí de inversiones. Las tarifas eléctricas de Santa Cruz nunca alcanzaron los niveles promedios, la obra de interconexión la ejecutó el gobierno nacional y los fondos terminaron financiando el funcionamiento de Servicios Públicos, la empresa de energía eléctrica santacruceña, que al ser un ente autártico no tiene el peso del Tribunal de Cuentas sobre sus espaldas. Ningún organismo de control auditó la ruta del dinero.
En 2010, el entonces diputado nacional por la Coalición Cívica, Juan Carlos Morán, junto con el aval de los partidos de la oposición realizó una presentación ante Servicios Públicos para lograr obtener una rendición de gastos. No lo logró. Tampoco lo logró la oposición provincial durante los años siguientes.
Deja tu comentario