Desde su introducción en 1996, y por sector, los beneficios económicos generados por la adopción de los cultivos genéticamente modificados (OGM) fueron en un 66% al sector productivo, un 26% al Estado Nacional y un 8% a proveedores de tecnologías (semillas y herbicidas).
Argentina ha sido líder en la utilización de OGM, alcanzando las 24.5 MHas en la última campaña agrícola 2015/2016.
Son datos del trabajo realizado por Eduardo Trigo (ver completo aquí) para el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio).
En el trabajo de Trigo se muestra que para poner estas cifras en contexto, entre 2011 y 2015, el Estado Nacional recaudó, sólo por las exportaciones de soja, el equivalente a 1,4 veces el costo anual del programa Asignación Universal por Hijo (AUHs).
En el plano social y considerando los excedentes generados a través del uso de estas tecnologías, el estudio señala que a lo largo de estos 20 años este excedente habría creado un total de 2.052.922 de puestos de trabajo.
El informe menciona también algunos impactos ambientales relacionados con los cultivos OGM, haciendo énfasis en la sinergia que hay entre la adopción de estas tecnologías y la práctica de la siembra directa, considerando el impacto positivo que esta tiene sobre la conservación de los suelos, las emisiones de gases de efecto invernadero, el secuestro de carbono y la eficiencia energética de las labores agrícolas.
Al mismo tiempo, el autor alerta también sobre otras cuestiones que deberían considerase pensando en la competitividad y sustentabilidad de nuestra agricultura, como la necesidad de rotar cultivos y principios activos, reponer nutrientes e implementar refugios en el caso de los cultivos resistentes a insectos.
Pensando en lo que se viene, el estudio resalta la importancia de mantener a la biotecnología agrícola como una política de Estado.
En este sentido, enfatiza que el futuro será de creciente complejidad en cuanto a la demanda de soluciones tecnológicas para que la producción agropecuaria argentina continúe en el camino expansivo que ha tenido en las últimas décadas.
El desafío es generar las condiciones institucionales para que dichas tecnologías se hagan disponibles. El respeto a la propiedad intelectual, los marcos regulatorios sólidos y basados en ciencia, así como las negociaciones internacionales efectivas, son aspectos clave para alentar las inversiones en investigación y desarrollo, así como para sostener políticas de biotecnología de largo plazo.
Los beneficios económicos por cultivo y por sector
En el caso de la soja tolerante a glifosato, los beneficios sumaron USD 118.355,91 M – el equivalente al 25% del PBI de 2015. De estos beneficios, el 65.9% fue al sector productivo, el 27.4% al Estado Nacional (a través de las retenciones a la exportación) y el 6.7% a los proveedores de tecnologías (semillas y herbicidas en partes aproximadamente iguales).
En el caso del maíz, las tecnologías de resistencia a insectos y tolerancia a herbicida aportaron beneficios por un total de USD 5.110,50 M, de los cuales 45.2% fueron para los productores, 17,7% para el Estado Nacional y 37.1% para los proveedores de tecnologías (principalmente semillas).
Finalmente, los beneficios en el caso del algodón resistente a insectos y tolerante a herbicida fueron de USD 3.102,86 M y fueron mayoritariamente a los productores (95.09%) y un 4.91% para los proveedores de las tecnologías (semillas y herbicidas).
Deja tu comentario