Se trata de los encarcelados sin orden judicial. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que la decisión del máximo tribunal mendocino «crea un ambiente de indefensión en la población de esa provincia»  y anticipó que intentará impedir que se cumpla la sentencia.

Mendoza(Crédito: mendozapost)

Según consignó hoy Infobae, el recurso fue presentado por la Asociación Civil Xumex, el procurador de las personas privadas de su liberad en Mendoza, Fabricio Imparado, la integrante del comité provincial para la prevención de la tortura María Mercedes Duverti y el abogado Diego Lavado.

Pidieron poner fin al hacinamiento y que se cumpla con el Código Procesal Penal, que establece que los fiscales tienen 10 días para pedir una prisión preventiva y los jueces, 24 horas para concederla. «Nadie cumplía, ya que se estiraban en promedio unos 4 meses, e incluso un año», explicaron desde la ONG sobre los fiscales. Y agregaron que los magistrados «se tomaban hasta dos semanas».

Frente a ese panorama, según publicó el portal MDZ, los jueces Omar Palermo, Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde y Julio Gómez consideraron que el 50% de los presos está en una situación legal precaria. Y tomaron una decisión que se traducirá en una masiva liberación de presos.

El Poder Ejecutivo provincial cuestionó la decisión. La vicegobernadora Laura Montero tildó el fallo de «inconsulto, inoportuno y riesgoso para toda la población», mientras que el ministro de Seguridad, Gianni Venier, dijo que es «una sentencia sacapresos».

Desde la Fundación Xumec les contestó Lucas Lecour, uno de sus integrantes. «Me llamaron la atención las declaraciones. El Gobierno esta semana se reunió con la Corte por los hacinamientos en las cárceles, se informó que se estaba por salir el fallo y lo tomaron como una muy buena decisión de empezar a exigir más trabajo a los jueces y fiscales», rebatió.