El juez federal en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari dispuso hoy la intervención judicial de la firma Oil Combustibles SA y de otras dos del Grupo Indalo, de Cristóbal López y ordenó que no haya división de compañías, tal como pretendían el empresario kirchnerista y su socio, Fabián De Sousa.
«Se desprende de las constancias obrantes en autos que Oil Combustibles SA adeudaría a la Administración Federal de Ingresos Públicos la suma de 7.665.771.438,63 pesos originada casi en su totalidad en el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC, Ley N° 23966)», señaló el magistrado.
Las puertitas del señor López, una historieta fantástica creada por el guionista Carlos Trillo y el dibujante Horacio Altuna.
Según consigna la agencia DyN, la medida cautelar, que había sido solicitada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), indicó también que la intervención se mantendrá hasta tanto se cancele la deuda.
A la vez, el juez dispuso que tanto Oil Combustibles SA, como sus sociedades controlantes Inversora M&S y Oil M&S SA «se abstengan de realizar cualquier acto que implique su escisión del Grupo Indalo», pues «el patrimonio de aquellas sociedades vendría a garantizar el cobro de la deuda fiscal».
El juez también ordenó que ninguna de aquellas compañías resuelvan nada con respecto al «crédito fiscal» que Oil Combustibles SA «mantiene con el Fisco Nacional en concepto de Impuesto sobre la Transferencia de Combustibles. Ley 23.966».
Furnari dio por acreditado en principio que «la actuación» de las tres compañías de López «frente a la Afip parecería, en principio, violar el deber de obrar con buena fe, mediante la indebida utilización de la persona societaria, en frustración de sus derechos».
«La eventual responsabilidad solidaria de las sociedades controlantes de Oil Combustibles SA frente a las deudas fiscales contraídas por ésta para las inversiones de aquéllas, llevan a dictar una medida cautelar que impida su inminente escisión del grupo económico al que pertenece», añadió.
Esto significa que el Grupo Indalo no podrá ser desguazado, como pretenden López y De Sousa para repartirse las diversas compañías.
Para el cargo de interventor, veedor e informante, el juez nombró al contador público nacional y perito judicial Marcelo Fabián Manograsso, quien, entre otras cuestiones, deberá informar sobre «los activos de la sociedades demandadas, la valuación fiscal de los bienes inmuebles y muebles registrables, créditos e imposiciones bancarias».
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