Así expresó su rechazo la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos a los cambios inmediatos de la PAC (Política Agrícola Común) que entrarían en vigor en 2018, porque creen que la eliminación del condicionado de los pagos directos de la PAC de la exigencia de ser agricultor activo es un paso atrás en la política agraria.

«Esta condición para percibir los pagos directos iría en contra de los agricultores y ganaderos profesionales y aumentaría los actuales desequilibrios en el reparto de ayudas. Por este motivo pedimos al Ministerio que no haga uso de dicha posibilidad», explicaron desde la entidad.

“Creemos que las reformas deben tener como objetivo mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y estimular la incorporación de jóvenes, la competitividad del sector y la estabilidad de los mercados”, han afirmado desde Unión de Uniones, “pero sin alejarse de los agricultores y ganaderos profesionales que por su vocación y vinculación al sector y al territorio son los garantes de un medio rural vivo”, añadieron.

El 16 de octubre, los estados miembros representados en el Comité Especial de Agricultura han refrendado el acuerdo sobre el llamado Reglamento «ómnibus» que, entre otras cuestiones, implica una serie de mejoras técnicas en los cuatro Reglamentos de la PAC: los relativos a los pagos directos, al desarrollo rural y a la organización común de los mercados agrícolas y el Reglamento horizontal.

Una de estas modificaciones es la que afecta a la figura del agricultor activo, que lejos de definirla con mayor firmeza, deja como opcional la diferenciación entre agricultores activos y agricultores no activos, de manera que los Estados miembros que la consideren como una carga administrativa excesiva podrán dejar de aplicarla.

Este hecho significa que cualquier país de la UE puede dejar de exigir que se deba ser agricultor activo para cobrar la PAC, lo que, además, podría tener también efecto sobre algunas ayudas al desarrollo rural que en los programas vigentes contemplan también dicha exigencia, aunque en este último caso la decisión estaría en manos de las Comunidades Autónomas.