Este dato surge de un reciente informe publicado por la Unión Europea sobre los distintos modelos de aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en los diferentes Estados Miembros.

Allí se muestra cómo, ante una normativa general común, las decisiones adoptadas por cada autoridad nacional difieren, en algunos casos, de manera sustancial.

Esto provoca que, por ejemplo, mientras en España se cobra una medida de ayudas directas de € 5.800 ($ 98.600), en Alemania ronda los € 16.000 ($ 272.000) y en Francia, € 21.000 ($ 357.000).

España final

Y según consigna el portal agroinformación.com, «en el caso de España de los cerca de 900.000 perceptores de ayudas PAC en los últimos años, menos de 286.000, apenas un tercio, son autónomos agrarios. El resto son beneficiarios no profesionales del sector o figuras jurídicas que en muchos casos desdibujan el apoyo de la PAC al sector y que en otros países no tienen cabida. Por este hecho nuestro país triplica el número de perceptores respecto de a los de Francia o Alemania, donde dos tercios de los beneficiarios son autónomos agrarios».

Ante este panorama, Unión de Uniones considera que España “se debería aproximar cada vez más en su aplicación de la PAC a aquellos países de nuestro entorno que han hecho un mayor esfuerzo por aquilatar el número de beneficiarios de la PAC con autónomos agrarios”, modelo al que, en opinión de la organización, debería aproximarse la figura de agricultor activo introducida en la pasada Reforma.

En base a este proceso, la Comisión constata en su informe que las diferentes aplicaciones decididas en los Estados miembros alcanzan no sólo a la definición de agricultor activo, sino a muchas otras cuestiones que inciden directamente en cómo se distribuyen las ayudas, tales como: la fijación de máximos de ayudas por explotación; el modelo de regionalización; el establecimiento de pagos redistributivos para las primeras hectáreas de cada explotación; los límites mínimos de cobro de ayuda; las entidades incluidas en la “lista negra” a efectos de cobro y los criterios para salir de la misma.

Y agrega el portal que «así, por ejemplo, España es el país que más regiones, finalmente 50, ha establecido a efectos de pago para tratar de minimizar los efectos de convergencia de las ayudas mientras que Alemania ha fijado 16 (una por Lander) y Francia 2 (Córcega y Francia). Estos dos países, sin embargo, no han establecido modulación ni techo de ayudas por explotación, cosa que sí han hecho 23 de los Estados miembros, entre ellos España con una modulación del 5% para las ayudas superiores a € 150.000».

De la misma manera que países como Francia, Alemania o Portugal, al contrario que España, han puesto en marcha un pago redistributivo de manera que las primeras hectáreas de cada explotación se benefician de un importe de ayuda algo mayor.

En el conjunto de la Unión Europea, durante el período inmediatamente previo a la Reforma actual, el número de beneficiarios PAC ha estado en el entorno de los 7,5 millones, de los cuales, aproximadamente, dos tercios son asimilables a la figura de autónomos, que en opinión de Unión de Uniones es a la que debería tender la definición de agricultor activo.

De todos aquellos que no lo son, más de 2,5 millones, la mayor parte de ellos se encuentran en Italia, España y Grecia. Estos tres países se encuentran precisamente entre los que cuentan con una subvención media por beneficiario más baja de la UE.

No obstante, señala la Unión de Uniones, “según las cifras del Fondo Español de Garantía Agraria FEGA podríamos pasar de una media de 885.000 perceptores en la preReforma a los 790.000 en la postReforma, lo que supone una reducción muy controlada, para la magnitud de la Reforma acometida, en la que se pretendía focalizar las ayudas en el agricultor activo”.

Unión de Uniones considera por lo tanto que de cara a la próxima Reforma, «España debería iniciar una seria reflexión acerca de cómo caminar hacia un modelo de PAC que redirija y mejore la distribución de sus apoyos».