Ante el anuncio del gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre un aumento del 50% en el impuesto inmobiliario rural para el año 2018, el CADIA (Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos) elaboró un documento donde se mencionan los antecedentes del mismo y los cambios que se produjeron en el tiempo.

Desde el organismo explican que «el impuesto inmobiliario rural bonaerense es patrimonial, porque grava el valor de los inmuebles rurales libres de mejoras. La estrategia del gobierno para aumentar el impuesto consiste en revaluar las partidas modificando los valores del coeficiente que surge de las declaraciones (formularios 111 o 911)».

Y, por lo tanto, manifiestan «nuestro desacuerdo a tal proceder, por cuanto el único parámetro que puede aumentarse (tranqueras afueras) es la cercanía a rutas asfaltadas en el caso que corresponda. Establecimiento adentro los factores que mejoren la aptitud se producen por acción del productor. Por el contrario, es posible, por ejemplo, que por erosión, inundación, o salinización los suelos empeoren razón por la cual debería bajar en consecuencia el coeficiente de aptitud».

Y advierten que «el aumento provincial sólo tiene fines recaudatorios que se contradicen con los más elementales criterios agronómicos».

Este es el documento completo: