(Por Daniel Díaz) Hace una semana, ya lo había advertido Pedro Vigneau, titular de Aapresid en una nota en Clarín Rural titulada «Europa: el debate sobre el glifosato»  que «La decisión de la Unión Europea (UE) de no adoptar una decisión basada en la evidencia científica para aprobar el re-registro del glifosato por 15 años, y en su lugar basarse en ideologías políticas para avanzar hacia una prohibición del herbicida de mayor uso en la agricultura mundial, es una amenaza directa al Mercosur y puede poner en crisis la seguridad alimentaria global al afectar dramáticamente el precio de los alimentos».

Y Pedro remarcaba el doble impacto de esa medida: una disminución de la productividad local con pérdidas estimadas en USD 8.755 M y el riesgo para las exportaciones de soja a la UE que son de USD 3.240 M.

Los europeos habían encontrado casi 12.000 M de razones para obligar a los productores de Argentina a sentarse a la mesa de negociaciones UE-Mercosur ya no como carta ofensiva de la Argentina (que lo son), sino a la defensiva. Lógica brutal, pero no es personal: negocios son negocios.

Esta lógica no es aplicable, claro, a los concejales rosarinos que aprobaron el 16 de noviembre la Ordenanza Nº 9.789 prohibiendo el uso del glifosato que como señaló Acsoja debieron basar «las evaluaciones de riesgos sanitarios en ciencia, situación que no se desprende de la lectura de los considerandos de la mencionada Ordenanza».

Los concejales quizá no están al tanto que «numerosas organizaciones internacionales han emitido opinión científica sobre el glifosato que demuestran que no existen impactos negativos en la sanidad, inocuidad y el ambiente de este producto.  Destacándose a nivel local, y por pedido Presidencial, la del Consejo Interdisciplinario Argentino, creado en el ámbito del Ministerio de Salud, reunido en el año 2009, con asistencia de médicos, bioquímicos, toxicólogos, químicos e ingenieros agrónomos, que se expidiera en este sentido», como recordaron desde la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina.

O si lo están, no les importa. Raro. Están en pleno corazón de los negocios de la comunidad agroalimentaria argentina.  Según Acsoja: «El complejo cerealero – oleaginoso, que genera el 48% de las divisas genuinas del país, y da trabajo a miles de ciudadanos, tiene en Rosario y sus puertos a su principal canal de producción y exportación del país. Solo basta ver cómo contribuyó al crecimiento de esta ciudad y cómo ha mitigado los niveles de pobreza».

Pero además, «las autoridades políticas de la Provincia y de Rosario especialmente, siempre han respondido a nuestras invitaciones a eventos y congresos masivos, en los que no solo han colaborado, sino que han aportado propuestas y emitido opiniones a nuestras organizaciones», según afirma la entidad.

¿Fueron atravesados por un inesperado e incontrolado deseo de ser europeos? Si no es así, entonces… ¿para quién legislan?

Queda una instancia para que vuelva la sensatez: «solicitamos a las autoridades que votaron la aprobación de esta ordenanza, y especialmente a las autoridades ejecutivas del Municipio, que antes de promulgar la misma, se agoten todas las instancias y revean ésta equivocada decisión». 

Hay cierto optimismo en Acsoja de que su mensaje llegue al poder político. Yo no tengo ese mismo optimismo. Ah… por cierto, ¿saben donde está la sede de la cadena de la soja? Sí, en Rosario.