(Por Daniel Díaz para Díaz de Campo) Fueron 13 los disertantes que participaron de la reunión convocada por el presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Gilberto Alegre (Buenos Aires-UNA) para realizar aportes para la elaboración de una Ley de Semillas, que ya cuenta con varios proyectos en comisión.
Participaron como oradores: Guillermo «Willy» Bernaudo (Ministerio de Agroindustria), Rodolfo Rossi (Acsoja), Guillermo Eyherabide (INTA), David Hughes (ArgenTrigo), Adolfo Cerioni (INTA), Daniel Pelegrina (SRA), Roberto Campi (CRA), Lorenzo Basso (Ubatec), Francisco Iguerabide (Aacrea), Raúl Boheler (FADA), Alfredo Paseyro (ASA), Obdulio San Martín (Don Mario) y Federico Trucco (Bioceres).
Contra reloj, porque el tiempo parlamentario vence el 20 de noviembre para lograr un dictamen, la mayoría de las disertaciones (a excepción de Roberto Campi, de CRA) apoyaban la idea de modificar la actual ley 20.247 (vigente desde 1973), de apoyar el pago por la tecnología, limitar (no prohibir) el uso propio de las semillas, y fortalecer al sistema local de I + D público y privado.
Hubo varios momentos que, más allá de las posiciones técnicas, ejemplificaron el contexto en el que se desarrolla esta discusión.
El primer momento fue cuando Alegre reconoció que «estoy presionado por aquellos que quieren una ley y también por los que no quieren la ley».
Luego fue cuando Luis Basterra (FpV-PJ, Formosa) pidió la palabra antes de las persentaciones para mostrar su apoyo a la tarea de Alegre. «Es un tema muy complicado, en el que la Comisión viene trabajando hace por los menos 5 años. Y usted fue injustamente maltratado», señaló el expresidente de la Comisión.
Luego cuando «Willy» Bernaudo pidió disculpas «por haber presentado recién el 17 de octubre el proyecto oficial» y mencionó algunas discusiones internas en el oficialismo.
Le tocó a Basso recordar que «en el año 2012, durante los meses de julio y agosto creamos la Mesa Nacional de Semillas que elaboró un documento consensuado». Este documento fue reconocido después por Paseyro.
Y fue el titular de ASA quien se ocupó de poner en blanco sobre negro el impacto de la «bolsa blanca» (sin fiscalizar) «bajo el marco actual un productor que adquiere 2 bolsas de semillas fiscalizada para sembrar 1 hectárea de soja en el 2016, podría sembrar 1.360 hectáreas en el 2018, sin necesidad de comprar ninguna bolsa”.
Esto no solo afecta a la industria semillera. Tanto Eyherabide como Cerioni alertaron sobre la sostenibilidad de los Programas de Mejoramiento y la actividad de los fitomejoradores en los organismos públicos. «El mejoramiento vegetal crea riqueza», recordaría Eyherabide. Y agregaría «el INTA tiene 120 especies y 100 fitomejoradores. Y el número está decreciendo». Y Cerioni destacó que «la tecnología en producción de semillas es valor agregado». Por eso, «desde hace más de 30 años, el INTA viene realizando Convenios de Vinculación Tecnológica con más de 70 empresas».
En su momento, Rossi también había alertado sobre esta situación. «Hace 20 años teníamos 14 Programas de Mejoramiento. Hoy quedan, en pie, un tercio».
Los ejes de las presentaciones
Bernaudo (Minagro): «Defendemos nuestro proyecto que, entre otras cuestiones, plantea: el fortalecimiento del INASE, la no interferencia en los contratos entre privados, la composición del Directorio en condiciones de igualdad para el sector público y privado, el reconocimiento al trabajo de los fitomejoradores, los pagos únicos de la tecnología en la venta, la limitación del uso propio de la semilla exceptuando del pago del canon en situaciones puntuales, no podemos descargar en el 40% de los productores que siembran el 80% del área agrícola el peso de pagar por todo el sistema». Y señaló «la discusión del germoplasma no es un evento de un cultivo de una compañía», en referencia al conflicto por la soja Intacta de Monsanto.
Rossi (Acsoja): «Sostenemos los 7 puntos consensuados por la cadena en septiembre del 2014: el reconocimiento del pago por germoplamas y eventos biotecnológicos; la necesidad de contar con Mecanismos y Órganos de Control con un Rol preponderante del INASE; el Pago de la Propiedad Intelectual debe hacerse en la semilla; es necesario que existan sanciones para los que se encuentren fuera de la ley y la normativa; propender al aumento del uso de la semilla fiscalizada; observar estos temas de propiedad intelectual, no como un hecho particular de un evento, o empresa, ya que excede la coyuntura, para un futuro cercano con más participantes y mejorar la comunicación entre los actores, principalmente sobre los temas comerciales». Y sintetizó las diferencias con los proyectos en discusión en tres puntos: «los años permitidos para multiplicar; las dudas respecto del uso incremental y que la ley sea de orden público».
Eyherabide (INTA): En su presentación se dedicó a responder dos preguntas: ¿qué es el mejoramiento vegetal? ¿y cuál es el rol de los fitomejoradores? Y señaló que «el mejoramiento ya no se circunscribe a la producción de alimentos, fibras o bioenergía. Están apareciendo nuevos desafíos como la bioremediación». En ese sentido afirmó que «el mejoramiento vegetal crea riqueza». También advirtió que «el INTA trabaja sobre 120 especies y tiene 100 fitomejoradores. Pero el número vienen decreciendo».
Hughes (ArgenTrigo): En su exposición enfatizó varias cosas: «debemos contar con un marco regulatorio que retribuya la generación de conocimiento»; «necesitamos semillas para generar plantas»; «en ArgenTrigo no entendemos porqué hay que discutir si se paga o no la tecnología»; «el desarrollo genético debe ser mayoritariamente argentino»; «el uso propio debe ser oneroso»; «no hay que restringir el acuerdo entre privados» y «la evasión en la cadena de trigo es de USD 100 M».
Cerioni (INTA): «El INTA es el principal obtentor de variedades vegetales del país»; «tenemos más de 1015 variedades registradas»; «desde hace más de 30 años tenemos firmados Convenios de Vinculación Tecnológica con más de 70 empresas, cobrando regalías»; «la ley debe ser clara en cuanto a que la autoridad de aplicación tenga capacidad de control y poder de policía»; «que abarque a todas las semillas» y «la tecnología en producción de semillas es valor agregado».
Pelegrina (SRA): «Estamos pagando la tecnología»; «no apoyamos el sistema de Bolsatech»; «la ley debe ser de orden público como en Uruguay»; «el valor de la tecnología debe pagarse una sola vez»; «el uso propio debe ser gratuito pero limitado por áreas».
Campi (CRA): «Estamos convencidos que cualquier cambio de la actual ley de semillas significará una pérdida económica y de derechos del productor a la industria semillera»; «la ley no es mala, solo hay que hacerla cumplir»; «el problema de la semilla ilegal no está solo en la producción»; «hay irregularidades, también, en el comercio de cultivares que aún no están inscriptos»; «el control comercial debe ser del Estado»; «hay que difundir las Buenas Prácticas Agrícolas referidas a las semillas», «ante una oferta concentrada el derecho de uso propio es una defensa»; «sólo el 10% de las semillas de soja tiene una tecnología protegida por patentes y casi colapsa la comercialización»; «debemos poder elegir la semilla según las zonas y el manejo productivo».
Basso (Ubatec): «Durante dos meses, julio y agosto, del 2012 logramos conformar la Mesa Nacional de Semillas donde con todos los sectores involucrados logramos elaborar un documento consensuado»; «hay que definir qué se entiende por innovación».
Iguerabide (Aacrea): Tres fueron los ejes de su presentación: la importancia geopolítica de la genética, la importancia de las autógamas y finalmente las recomendaciones CREA. «La productividad es por la genética»; «hay que asegurarle al productor el acceso a la tecnología».
Boheler (FADA): «El productor debe pagar por la tecnología un precio razonable y equilibrado»; «estimamos que el canon debería ser unos 4 USD/bolsa, lo que significaría unos 6 USD/Ha/soja sembrada»; «también creemos que el uso propio debe ser oneroso y que el control comercial es una obligación indelegable del Estado».
Paseyro (ASA): «Cuando se habla de propiedad intelectual, hay que hablar de marcas»; «antes, el mercado semillero de autógamas era del 25%, hoy llega al 75%»; «en maní, somos el primer exportador mundial y tenemos un solo fitomejorador»; «en los ’90, un 45% de las semillas eran fiscalizadas, nunca pudimos volver a esos valores»; «con este marco regulatorio podríamos perder al 50% de los obtentores nacionales, esto significa menos empleo y la importación de germoplasma»; «en las condiciones actuales es imposible sostener el mejoramiento vegetal»; «bajo el marco actual un productor que adquiere 2 bolsas de semillas fiscalizada para sembrar 1 hectárea de soja en el 2016, podría sembrar 1.360 hectáreas en el 2018, sin necesidad de comprar ninguna bolsa”; «la industria no quiere hablar de una ley de soja, sino de una ley de semillas»; «Argentina tuvo la primera ley de semillas de Latinoamérica»; «evitemos al apagón tecnológico».
San Martín (Don Mario): «Hasta el 1996 las variedades eran públicas, en ese año apareció la biotecnología»; «Brasil tiene el 70% de comercio de semillas en forma legal, esto ha permitido, por ejemplo que ante la aparición de una nueva enfermedad bajen de 4 a 2 aplicaciones de fungicidas»; «en trigo, los programas de mejoramiento se han achicado, pero con un marco fuerte esta situación se puede revertir».
Trucco (Bioceres): «Teníamos la posibilidad de crecer en el mercado americano, hasta que se conoció la noticia de que en Argentina no se pueden cobrar regalías, y ahí quedó nuestro sueño»; «apoyamos la propuesta de ASA, como toda la industria»; «nos preocupa cuando se trata de limitar los modelos de negocios porque el futuro tiene cierto grado de imprevisibilidad»; «tenemos que mostrarle al mundo que en la Argentina se puede cobrar la propiedad intelectual».
Sin muchas esperanzas con poder contar con una nueva Ley de Semillas, y como advirtió Juan Casañas (Del Bicentenario-Tucumán), «si en marzo no se legisla, en el 2017, año electoral, tampoco podremos contar con una nueva ley».
En esa reunión se anunció para el próximo martes, una segunda ronda de disertaciones.
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